La pandemia del Covid-19 parece estar cada vez más controlada, desde el punto de vista sanitario. Sin embargo, sus efectos a nivel de economía han sido muy notables, y tardarán más en ser dejados atrás. Para paliar las consecuencias de la crisis del coronavirus, desde el Gobierno de España se desarrollaron diversas medidas: ERTE, paralización de desahucios, prórroga obligatoria de contratos de alquiler, etc.

Una de estas herramientas a la que acudió el Ejecutivo en materia de alquiler fueron los créditos ICO, destinados a ayudar a las familias vulnerables en el pago de la renta. De esta manera se pretendía evitar que se produjeran impagos y, en consecuencia, desahucios, en un contexto delicado.

Desde ASVAL ya avisamos de que los créditos ICO no eran la solución para ayudar a estos colectivos, sino que era necesario desarrollar un fondo de ayudas públicas directas para reducir el esfuerzo de estas familias en el pago del alquiler. 

A los pocos meses de ponerse en marcha esta medida, realizamos un estudio entre los inquilinos vinculados a ASVAL (más de 35.000 viviendas), concluyendo que tan solo el 1,3% de ellos estaba interesado en estos créditos ICO. El motivo de este rechazo a la herramienta del Gobierno yace en que no estos colectivos no estaban dispuestos a asumir una nueva deuda a la que no pueden hacer frente.

La escasa repercusión que tuvieron los créditos ICO desde su inicio derivó en un aumento de las tasas de impago de las rentas del alquiler. Así, también según un estudio de ASVAL, la morosidad se triplicó a raíz de la pandemia, pasando del 5% al 15%. Es por esto por lo que, desde ASVAL, continuamos señalando la importancia de desarrollar ese fondo de ayudas públicas directas para colectivos vulnerables.

Ahora, tras finalizar el plazo para solicitarlos, ha terminado por confirmarse que la medida ha sido poco exitosa. De acuerdo con las cifras del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el Gobierno ha desembolsado en esta partida un total de 27.434.978 euros hasta la tercera semana de julio, de los 1.200 millones que están disponibles. Así, el Ejecutivo solo ha financiado 7.668 préstamos desde que comenzó la pandemia del Covid-19, lo que representa menos del 2% de las potenciales familias a las que esperaban alcanzar.

Aunque el plazo de los créditos ICO haya concluido, sigue habiendo familias que necesitan ayuda para pagar el alquiler y para acceder una vivienda. Es por ello que debemos apostar por la creación de un parque de vivienda en alquiler social y a precio asequible en el medio-largo plazo, y por lo que insistimos en crear un fondo de ayudas públicas directas para reducir el esfuerzo de estas familias en el pago del alquiler durante el tiempo en que se desarrolle ese parque.