• La crisis económica provocada por el Covid-19 ha triplicado los impagos de las rentas de los alquileres hasta el 15%

• Apenas un 1,3% de los inquilinos han solicitado los créditos ICO, según los datos recabados por ASVAL

• La asociación propone la creación de un paquete de ayudas directas de más de 700 millones de euros que facilitaría el pago del alquiler a 350.000 familias vulnerables

El impacto generado por la crisis del Covid-19 en la economía española seguirá teniendo un efecto directo directa en el mercado del alquiler con un incremento de los impagos de las rentas en el último trimestre del año. Durante los meses de confinamiento, la morosidad del alquiler se ha triplicado del 5 al 15%, por lo que ASVAL, la Asociación Propietarios de Viviendas en Alquiler, prevé que los impagos sigan incrementándose en los próximos meses si no se toman medidas para hacer frente a los mismos.

Las ayudas propuestas hasta el momento por las diferentes administraciones públicas no están siendo efectivas para paliar las dificultades de los inquilinos más vulnerables en el pago del alquiler, lo que está perjudicando también a millones de propietarios particulares.

En el caso de los créditos ICO, apenas un 1,3% de los inquilinos de viviendas pertenecientes a asociados de ASVAL ha mostrado interés en solicitar estos préstamos con garantía pública como medida para hacer frente a la imposibilidad de pago de las rentas de sus alquileres, según el análisis de la asociación realizado entre los inquilinos de más de 30.000 viviendas. Esta cifra, que se traducirá en un número de beneficiarios aún menor, confirma la escasa utilidad que está teniendo esta medida entre las familias con mayores dificultades económicas ante la imposibilidad de estos inquilinos para asumir una nueva deuda a la que no pueden hacer frente. 

En el caso de las ayudas directas para el pago del alquiler de las Comunidades Autónomas, la dotación presupuestaria es insuficiente debido a la alta demanda por parte de los inquilinos. Por ejemplo, en el caso de Cataluña la partida para estas ayudas ya se ha agotado, mientras que en la Comunidad de Madrid, la demanda triplica a la oferta de los solicitantes.

Ante este contexto de repunte de la morosidad y falta de efectividad de las ayudas ya planteadas, ASVAL reclama un paquete de medidas de apoyo directo para los inquilinos en situación de vulnerabilidad a través de la creación de un fondo de más de 700 millones de euros para ayudar a 350.000 familias en situación de vulnerabilidad social a reducir la tasa de esfuerzo para el pago de la renta del 48 al 30% de sus ingresos, mediante una ayuda pública de 2.000 euros anuales por unidad familiar. Si el impacto de la crisis es mayor, el número de familias con dificultades para el pago del alquiler podría incrementar sustancialmente, lo que obligaría a ampliar estas ayudas.

Beatriz Toribio, directora general de ASVAL, explica que “los créditos ICO no están funcionando porque los inquilinos en dificultades económicas no quieren endeudarse para el pago del alquiler y acuden directamente al impago, una situación perjudicial tanto para el propietario como para el inquilino porque genera una situación de incertidumbre jurídica. Además, las ayudas directas de las CCAA, que cuentan con una alta demanda, no están siendo efectivas porque están infradotadas presupuestariamente”. 

“Desde la Administración y el sector debemos adelantarnos a los problemas que provocará esta crisis. Si se cumplen las previsiones de organismos nacionales e internacionales y el paro aumenta hasta el 20%, se hará aún más difícil el pago de la renta de alquiler a las familias más vulnerables en el tercer trimestre del año. Esto tendrá un importante impacto en los ingresos de muchos propietarios, la amplia mayoría particulares, que utilizan estos ingresos para completar su sueldo o pensión”, añade.

El control de precios genera inseguridad jurídica

En paralelo a la petición de ayudas directas para los colectivos vulnerables, ASVAL solicita también que se incremente la seguridad jurídica tanto en materia de ocupación como de las últimas iniciativas relacionadas con el control de los precios del alquiler. Recientemente, el Gobierno de la Generalitat de Cataluña ha anunciado que tramitará una reforma de la ley que regula el mercado del alquiler para imponer un control de las rentas del alquiler. 

Sobre esta medida, Beatriz Toribio asegura que “el control de precios no es la solución para los problemas del mercado del alquiler. Necesitamos favorecer la oferta, no contraerla porque si hay menos vivienda en alquiler disponible, las familias con menos recursos lo tendrán aún más difícil para acceder a ella. La experiencia internacional ha demostrado que este tipo de medidas no han funcionado para frenar las subidas de precios. Y, además, no sólo reducen la oferta disponible, sino que también frenan la mejora del parque inmobiliario existente y el desarrollo de una oferta atractiva, asequible y profesionalizada de vivienda en alquiler, ya que generan inseguridad de cara a la inversión”.

En este sentido, ASVAL quiere alertar también del notable incremento de las cifras de ocupación ilegal, que se ha convertido en un elemento de creciente preocupación para muchos propietarios y comunidades de vecinos. Algunas administraciones públicas, como la catalana, han desarrollado marcos regulatorios que premian el fenómeno de la ocupación frente a derechos consagrados en la Constitución como es el de la propiedad privada. Por ello, la asociación reivindica una mayor protección a la propiedad privada para frenar este fenómeno, porque en caso contrario se incrementará la inseguridad jurídica, dificultando inversiones futuras y el crecimiento del alquiler en España.