En febrero de 2022, el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de Ley de Vivienda. Ha pasado casi un año desde que se iniciara su trámite en el Congreso, en los que ha recibido más de 800 enmiendas por parte de los grupos parlamentarios. La norma contiene medidas que no conseguirán solucionar los problemas del alquiler en España. Una de estas herramientas es el control de precios del alquiler.
El texto provisional recoge que las Comunidades Autónomas podrán declarar, por tiempo limitado, zonas de mercado residencial tensionado. Así, podrán establecer medidas para impedir grandes incrementos del alquiler y conseguir una bajada de precios.
Durante los últimos meses, el control de precios ha sido un tema recurrente en el debate público. Existen defensores de la medida, principalmente organismos vinculados a las agrupaciones políticas que los han aplicado o pretenden aplicar en España. Sin embargo, diferentes expertos en economía lo han calificado como “un error de consecuencias gravísimas para la vivienda en alquiler”.
Aunque ya conocemos las consecuencias del control de precios en otras ciudades europeas, conviene recordar qué pasaría si en España se aplica esta medida:
- Subirán los precios más bajos: Al establecer un límite de precios, las viviendas en alquiler que se encuentren por debajo de esos topes subirán los precios hasta el máximo, aumentando el coste de acceso a la vivienda.
- Reducción de la oferta: Muchos propietarios retirarán del mercado su vivienda en alquiler ante inseguridad jurídica que provoca esta medida. En ciudades como Berlín, San Francisco o Barcelona, donde se ha aplicado esta medida, la oferta ha caído hasta el 40% perjudicando al mercado del alquiler.
- Avalancha de la demanda: Al no haber oferta suficiente para satisfacer la demanda en las zonas tensionadas, las personas que busquen vivienda en alquiler se trasladarán a las zonas limítrofes, provocando un aumento considerable de la demanda y haciendo que los precios se incrementen. De este modo, se dificulta el acceso a la vivienda a familias vulnerables también en las zonas colindantes.
- Paralización de nuevos proyectos: El control de precios provoca una gran inseguridad jurídica, que puede suponer la paralización o retraso de nuevas inversiones destinadas a la construcción de nuevas viviendas para el mercado del alquiler. Esto ya sucedió en Barcelona, donde, según APCEspaña, se paralizaron 1.500 viviendas destinadas al alquiler ante el control a las rentas que puso en marcha la Generalitat de Catalunya.
- Aumento de los precios: Como ha ocurrido en otras ciudades, cuando la zona sea declarada otra vez como no tensionada, la disminución de la oferta de vivienda en alquiler provocará la subida de los precios, como ocurrió en Berlín.