La ley que regula los precios de los alquileres en Cataluña, y que el Gobierno podría extender a todo el territorio nacional en base al acuerdo firmado hace unas semanas entre PSOE y Unidas Podemos, va a acarrear graves consecuencias para el sector que, inevitablemente, van a repercutir negativamente en los propietarios y en los inquilinos. Desde ASVAL recopilamos las cinco claves para entender qué consecuencias tendrá esta medida. 

1. Menos oferta de vivienda en alquiler. La normativa anunciada, que se incluirá en la próxima Ley de Vivienda, no soluciona el problema estructural que sufre el sector en España: la falta de oferta de vivienda en alquiler. Como ya se ha demostrado en otras ciudades europeas, esta regulación reduce la oferta ya que supone un golpe a la seguridad jurídica de los operadores del mercado, la amplia mayoría de ellos familias, lo que afectará a las inversiones futuras en el parque de vivienda. 

Como han alertado instituciones como el Banco de España, el FMI y coinciden economistas y un amplio espectro del sector inmobiliario, esta medida a medio y largo plazo genera gran inseguridad y hace del alquiler una opción menos atractiva, provocando que los propietarios no pongan sus viviendas en alquiler o directamente las pasen al mercado de la venta.

• Mayor dificultad de acceso a la vivienda, sobre todo para colectivos vulnerables. Como consecuencia de esa reducción de la oferta, alquilar una vivienda se hace más complicado sobre todo para los colectivos vulnerables, familias con pocos recursos económicos y jóvenes, ya que, al haber menos oferta, se ven reducidas las opciones de acceso a la vivienda a precio asequible. Además, en un contexto más inestable e inseguro del mercado y de la economía, los propietarios dan prioridad a los perfiles más solventes. 

• Aumento de la economía sumergida. La aplicación de esta medida en otros lugares del mundo ha demostrado que genera economía sumergida, ya que, al regular los precios, muchos propietarios completarán el importe de la renta a través de la economía sumergida. 

• Aumento de la inseguridad jurídica. La aplicación de este tipo de medidas y la inestabilidad legislativa está provocando una enorme inseguridad jurídica que tendrá efectos directos y perjudiciales para el desarrollo de un mercado del alquiler en España de mayor calidad, más profesionalizado y con una estrecha colaboración público-privada.

Esta inseguridad ya se está manifestando en Cataluña, donde el propio Consejo de Garantías de la Generalitat ya ha declarado que la norma es inconstitucional porque vulnera competencias del Estado. Este hecho, unido a aspectos técnicos y lagunas del índice de precios de la Generalitat, están provocando mucho desconcierto entre los propietarios. Muchos de ellos optan por no alquilar a la espera de que se despeje el contexto en torno a esta regulación. 

• Menos inversión. En la actual crisis económica es de vital importancia para nuestro país atraer inversión, tanto extranjera como nacional, para desarrollar el parque de vivienda en alquiler que necesita España, lo que generará actividad económica y empleo. Este tipo de medidas la alejan ya que desprotegen al propietario o inversor.

Por todas estas razones, desde ASVAL afirmamos que el control de precios no tiene sentido en el contexto socioeconómico actual, ya que los precios ya están bajando y esta medida lo que va a conseguir es frenar el mercado. Esta ley es coyuntural y no soluciona el problema estructural que sufre el sector en España, la falta de oferta de vivienda en alquiler, sobre todo social y a precio asequible.

Para proteger a los colectivos vulnerables, proponemos un paquete de ayudas públicas de más de 700 millones de euros que permita a 350.000 familias reducir su tasa de esfuerzo de pago del alquiler del 50% al 30%, que es el límite que se recomienda no superar.

Medidas que incentiven el alquiler

Las medidas más efectivas y viables para contener los precios del alquiler pasan por contar con un programa público de vivienda y un marco estable y seguro para los propietarios, sobre todo en un mercado como el español donde el 85% son particulares que ven mermados sus ingresos como consecuencia de todas las medidas aplicadas hasta ahora para hacer frente a la crisis generada por la pandemia. Actualmente, son los propietarios quienes están pagando las consecuencias de esta crisis sin ningún tipo de respaldo, con las consecuencias que esto traerá a medida que se agudice la situación si la crisis sanitaria se agrava.

Para ASVAL, además de ese programa de ayudas y del refuerzo de la seguridad jurídica, se necesitan incentivos fiscales que promuevan la vivienda en alquiler. Todo ello acompañado de una colaboración público-privada enfocada a desarrollar vivienda en alquiler, sobre todo social y a precio asequible. 

La experiencia internacional, diferentes estudios del Banco de España y el propio Fondo Monetario Internacional, así como economistas y diferentes agentes del sector inmobiliario coinciden en que el control de precios no es la solución al problema y provocará efectos contrarios al deseado: menor oferta de vivienda y por lo tanto subida de precios, así como economía sumergida, degradación del parque de vivienda, mayor litigiosidad, etc. Las soluciones pasan por una verdadera política de vivienda pública, mayor seguridad jurídica y protección a los inquilinos con menores recursos.