La ocupación ilegal sigue estando muy presente por desgracia en nuestro país. Así lo muestran los datos que ha dado a conocer recientemente el Ministerio del Interior, que cifra el número total de denuncias por ocupación en 55.440 entre enero de 2020 y mayo de 2023. Esta problemática vuelve a poner a Cataluña en el punto de mira. Durante este periodo, esta comunidad autónoma registró 23.786 denuncias, casi la mitad de las presentadas en todo el país. Detrás le siguen Andalucía (8.476 denuncias), Comunidad Valenciana (8.476 denuncias), Castilla La Mancha (8.476 denuncias) y Murcia (con 8.476 denuncias), con datos que distan mucho de las cifras manejadas en Cataluña.

Estos datos generan una gran inseguridad jurídica y provocan la salida de muchos propietarios del mercado del alquiler, lo que agrava la oferta de vivienda en alquiler en nuestro país. Una reciente encuesta reveló que los ciudadanos catalanes, en concreto, son los que más preocupados están por la evolución del fenómeno de la ocupación. Mientras, un 77% de los encuestados tilda la ocupación ilegal como “problema social”.

Este contexto daña la imagen de Cataluña, y de España, en el exterior. The Times ya se hizo eco recientemente en un artículo de la situación que sufre España. Y es que, mientras que los países de nuestro entorno endurecen la legislación, en España se sigue amparando este delito, que atenta contra la propiedad privada.

La nueva normativa aprobada por el Gobierno estatal, además, dilata los plazos para poder recuperar una vivienda ocupada ilegalmente. ¿Por qué? Porque ahora son los propietarios quienes tienen que aportar mayor documentación. En el caso de los pequeños propietarios, aquellos que cuenten con menos de 10 viviendas, por ejemplo, deberán acreditar que no son grandes tenedores antes de poder interponer una demanda.

En el caso de los grandes tenedores, que son aquellos arrendadores que cuenten con más de 10 inmuebles, en cambio, deberán recurrir a las Administraciones competentes para que emitan un informe en el que se concluya que la persona que ocupa ilegalmente una vivienda está o no en situación de vulnerabilidad económica

Para minimizar los riesgos ante la ocupación, debemos apostar por la seguridad. Así, compañías como VPS, líder y especialista en este sector, ofrece una amplia gama de alternativas con el objetivo de aportar tranquilidad a los propietarios. Con cobertura nacional, VPS, partner de nuestra Asociación, dispone de expertos en seguridad que propondrán la mejor solución anti-ocupación para sus clientes. Conoce más sobre VPS a través de su página web, donde ofrecen toda la información.