Los gastos de comunidad son una parte importante de inversión en vivienda que se deben conocer antes de adquirir un inmueble. En última instancia, supone un gasto más que los propietarios o inquilinos deberán tener en cuenta.
Su cuantía mensual, como es lógico, depende de las instalaciones del inmueble. No será el mismo gasto si nos encontramos en un edificio que cuenta con piscina, o un edificio que cuenta con un ascensor.
La normativa sobre los gastos de comunidad se encuentra regulada por la Ley sobre Propiedad Horizontal (LPH). En su artículo nueve, la ley explica que una de las obligaciones de los propietarios de cualquier inmueble, dentro del régimen de propiedad horizontal, es la obligación que estos tienen de contribuir a los gastos generales para el “adecuado sostenimiento del inmueble, sus servicios, cargas y responsabilidades que no sean susceptibles de individualización”.
Sin embargo, todos los gastos no están contemplaos dentro del mismo régimen. Se diferencian, en concreto, en función de si estos son generales o extraordinarios:
- Gastos de comunidad generales u ordinarios. Son aquellos que sirven para mantener el funcionamiento básico de la comunidad y su buen estado. Aquí entran gastos como la electricidad, servicios de consejería, cuidado de jardines, ascensores…
- Gastos de comunidad extraordinaria. Popularmente son conocidas como derramas. Estos gastos son los desembolsos que sirven para hacer mejoras puntuales, como la instalación de una mejor tecnología en el ascensor o la mejora de la fachada.
¿Qué pasa con este coste si el inmueble del que soy propietario está en régimen de alquiler? Depende. En función de la normativa a la que hagamos caso, se establece que el pago de los gastos de la comunidad corresponde a los propietarios o a los inquilinos. Esto debe estar contemplado en el contrato del alquiler.
Un asunto diferente son los gastos derivados de las derramas. En este caso, la legislación explica que estos gastos son siempre responsabilidad del propietario, y no se pueden trasladados a los inquilinos a menos que se haya acordado de manera clara y explícita en el contrato.
Para evitar mal entendidos respecto a este asunto, es fundamental que el inquilino lea y comprenda el contrato del alquiler antes de firmarlo. La ley y el contrato son los documentos que rigen la relación entre el inquilino y el propietario, y ambos deben ser comprendidos y respetados por las partes para evitar mayores sorpresas.