febrero 24 2021 0Comment

¿Qué le pedimos a la nueva Ley de Vivienda?

Nos encontramos en un momento complejo. Fruto de la pandemia del Covid-19, la situación sanitaria en España es muy delicada, como también lo es el contexto económico de crisis que nos está dejando el coronavirus en nuestro país. Por esto, es fundamental que quienes gobiernan, tanto a nivel estatal como autonómico, den los pasos adecuados que sienten las bases de una fuerte recuperación económica. Un error en el proceso podría provocar daños aún mayores.

En esta línea, nos encontramos ahora con que el Gobierno trabaja en el Anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda, una norma que establecerá el nuevo marco regulatorio en torno al sector inmobiliario y, en particular, en el mercado del alquiler. 

Por ello, desde ASVAL pedimos que la nueva Ley de Vivienda proponga medidas y soluciones que vayan a la raíz del problema que tenemos actualmente, que es la falta de oferta de vivienda en alquiler, sobre todo social y asequible. En un contexto como el actual, en el que la crisis provocará una caída del poder adquisitivo, la demanda del mercado del alquiler aumentará cuando concluya la pandemia del Covid-19, y necesitamos desarrollar la oferta de vivienda en alquiler, sobre todo social y asequible, para poder atender esta mayor demanda. 

Medidas como el control de precios no van a la raíz del problema, e incluso traerán consigo el efecto contrario, que es la reducción de la oferta. Esto lo hemos visto ya en ciudades como Berlín o París, donde la imposición de un control de precios ha supuesto la reducción de la oferta de alquiler en un 25% y un 15% respectivamente. También en Cataluña, donde la normativa de vivienda ha provocado el abandono de proyectos para la construcción de 1.500 viviendas destinadas al alquiler. 

Es necesario incentivar el desarrollo de la oferta, y no aplicar medidas que la reduzcan. Para ello, es fundamental generar seguridad jurídica a propietarios e inversores, para que pongan sus viviendas en el mercado e inviertan en el desarrollo de esa oferta. Sin embargo, medidas como el RD que paraliza los desahucios y ampara la ocupación ilegal, o el posterior RD de protección a consumidores vulnerables, que amplía aún más la protección a los ocupas ilegales, no contribuyen a generar esta sensación. 

Asimismo, esta nueva Ley también debe servir para sentar las bases de una verdadera colaboración público-privada, la vía por la que han apostado con éxito países europeos como Holanda, y en la que ya trabajan algunas de nuestras Comunidades Autónomas.

Con una Ley de Vivienda que fomente la seguridad jurídica y la confianza de propietarios e inversores, y que desarrolle una genuina colaboración público-privada, estaremos atacando el auténtico problema que encontramos en España, que es la falta de un verdadero parque de vivienda de alquiler, sobre todo social y asequible. Así es como pondremos una solución real, que facilite el acceso a una vivienda digna a los colectivos vulnerables y a los jóvenes, mientras favorecemos la recuperación y el correcto desarrollo de la economía española tras el golpe del Covid-19.