Ante la decisión del Gobierno balear por la que se inicia la expropiación de uso durante siete años de 56 viviendas de grandes propietarios, ASVAL señala:

• Esta asociación, como representante mayoritaria de los propietarios de vivienda en alquiler con más de 2.000 asociados – más del 90% pequeños arrendadores-, considera que esta medida supone un ataque al Derecho a la propiedad privada consagrado en el Artículo 33 de la Constitución Española. 

• Esta expropiación es contraria a la seguridad jurídica que se necesita para desarrollar un mercado de alquiler profesional en España, homologable al de otros países europeos. Además, vulnera la confianza que reclaman los inversores para hacer crecer la oferta de vivienda en alquiler y erosiona la imagen de nuestro país como destino de inversión.

• Este tipo de medidas, que generan mucho ruido pero que no son efectivas, provocan siempre una reducción de la oferta de vivienda disponible debido a la inseguridad jurídica que generan. Esto a medio-largo plazo perjudica al acceso a un hogar a las familias vulnerables, el colectivo al que en teoría se quiere proteger.

• Desde ASVAL se insiste en que este tipo de medidas no resuelven el problema de fondo, la falta de vivienda pública en España. Para su desarrollo se necesitan medidas consensuadas con los operadores, no normas que generen más inseguridad y conflictos en los tribunales.

• Con esta resolución, el Gobierno balear carga sobre los propietarios su responsabilidad de dotar vivienda pública a los colectivos vulnerables.