“La ocupación ilegal en España sí es un problema y está en auge en nuestro país”. Así contestaba el presidente de Asval, Joan Clos, a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que aseguró en una entrevista que la «ocupación ilegal no es un problema del país.

El mensaje lanzado por Díaz recibió el respaldo de varios ministros de Podemos del Gobierno de coalición que compartieron en diversos medios de comunicación. 

Sin embargo, los datos afirman lo contrario. 

La evolución desde 2010 ha sido imparable. Hemos pasado de más de 2.200 casos anuales a casi 17.300 en 2021, según los datos del Ministerio del Interior. En el último año, las ocupaciones ilegales en España han aumentado un 17% con respecto al 2020.

Así, actualmente en nuestro país hay más de 100.000 viviendas ocupadas de manera ilegal. Más de 47 familias al día se ven afectadas en nuestro país por esta actividad delictiva, que daña gravemente la convivencia en comunidades de vecinos y barrios. 

Aunque es un problema que atañe a toda España, la situación es especialmente grave en Cataluña. Allí se concentra casi la mitad de los casos de todo el territorio nacional. ¿El motivo? El más visible: esta región ha aprobado diversas normativas que amparan la ocupación ilegal; la última de ellas es la Ley que obliga a los propietarios a ofrecer un alquiler social a los ocupas ilegales que accedan a sus viviendas de manera ilegal. Esta norma, que recoge medidas de un decreto tumbado por el Tribunal Constitucional, también se encuentra recurrida ante el mismo tribunal.

Así, Cataluña se ha convertido en una anomalía ocupa dentro del marco de derecho de la Unión Europea, al proteger de manera clara una actividad delictiva. Esto es inconcebible en nuestros vecinos, dónde se actúa de manera ágil frente a la ocupación ilegal.

Países como Francia, Italia, Alemania o Portugal cuentan con medidas contundentes ante esta práctica. Alemania, por ejemplo, castiga la ocupación ilegal con multas y penas de cárcel de hasta un año si se denuncia y el desalojo se produce en un plazo máximo de 24 horas. Por su parte Italia endurece aún más las penas de cárcel, que pueden llegar hasta los 4 años, y las multas pueden superar los 2.000 euros. Y Francia da un paso más para luchar contra este problema y castiga con multas de hasta 15.000 euros la ocupación ilegal. 

La pasividad de los políticos españoles ante este tema está generando una enorme inseguridad jurídica en el mercado inmobiliario. Lo que deriva en una gran desconfianza por parte de propietarios e inversores, provocando una reducción de la oferta en alquiler disponible. Y, en consecuencia, se dificulta aún más el acceso a la vivienda en alquiler por parte de las familias vulnerables, aquellas a las que estas normativas presuntamente buscan proteger.

Si el objetivo es aliviar la situación de las familias vulnerables, proteger la ocupación ilegal no es la solución. Debemos actuar de manera contundente frente a esta actividad delictiva, generando confianza y seguridad en el mercado para ampliar la oferta de viviendas. 

Además, es necesario apostar por fórmulas de colaboración público-privada para desarrollar un verdadero parque de vivienda en alquiler social. Actualmente, este segmento supone un porcentaje ínfimo del total del parque: apenas un 2,5% de las viviendas existentes en España conforman el parque público en alquiler social. La media europea, que también es un dato reducido, roza el 10%.

En este sentido, desde ASVAL, asociación mayoritaria del sector de vivienda en alquiler en España con 6.000 asociados -la mayor parte pequeños propietarios- hemos propuesto la cesión de 30.000 viviendas de grandes propietarios al Estado durante 25 años para alquiler social a familias vulnerables. También es fundamental que se concedan ayudas, ahora mismo inexistentes, a estas familias para el pago de su alquiler, de forma que este no supere la tasa del 30% de sus ingresos. Solo así favoreceremos la accesibilidad a la vivienda a todas las capas de población.