marzo 31 2022 0Comment

El límite subidas del alquiler debería vincularse a la inflación subyacente y no prorrogarse en el tiempo

Sobre el anuncio del Ejecutivo de limitar la subida de los precios del alquiler al 2% durante tres meses, desde ASVAL manifestamos que:

  • Consideramos que el límite del 2% de subida es artificial y que lo más apropiado sería limitar la subida de rentas al incremento de la inflación subyacente, aquella que elimina los elementos más volátiles del índice de precios como la energía y los alimentos no elaborados. En febrero, la inflación fue del 7,6%, mientras que la inflación subyacente fue del 3%, según el INE. En ambos casos, los expertos prevén que continúe aumentando en los próximos meses.
  • Solicitamos al Gobierno que esta medida, que se anuncia como excepcional y temporal, sea una herramienta realmente establecida durante un periodo limitado, y que no se prorrogue de manera permanente, como ya ha ocurrido en otros casos, como con los Reales Decretos de paralización de desahucios.
  • Los propietarios siempre han estado de lado de los inquilinos, y a la altura de las circunstancias, como se vio con la crisis del Covid. La mayoría de los propietarios nunca trasladan de forma completa los incrementos del IPC a las rentas de sus alquileres.
  • Con la aprobación de esta medida, se carga a los propietarios de vivienda en alquiler con el problema social de la vivienda, cuando es responsabilidad de las Administraciones Públicas. Esto se suma al actual marco regulatorio, que presiona al propietario, lo que redundará en una reducción de la oferta. 
  • La medida generará inseguridad jurídica porque es cuestionable que los efectos de una Ley (Ley de Arrendamientos Urbanos) puedan limitarse de manera sustancial mediante un Real Decreto-Ley.
  • Tendrían más sentido medidas incentivadoras en las que se favorezca a los arrendadores que voluntariamente no agoten la actualización de IPC o directamente, ayudas a los hogares.
  • El sector del alquiler, como industria, también está sufriendo la subida de costes, como en electricidad, gas y materiales. Medidas de este tipo, junto a la inseguridad jurídica, solo provocarán, en el medio y largo plazo, una limitación y encarecimiento de la oferta de vivienda en alquiler.