Nuevo paquete de medidas para aliviar a los colectivos más vulnerables. El Gobierno ha aprobado este martes la prórroga de varias medidas aprobadas durante las primeras semanas del confinamiento por la pandemia del Covid-19, como la moratoria de alquileres de vivienda habitual e hipotecas y las garantías de protección por impago de suministros básicos (agua, luz y gas) hasta el 30 de septiembre. 

Estas medidas, que se aprobaron durante el inicio de la crisis sanitaria y que durarían hasta un mes después del fin del estado de alarma, buscaban aliviar el impacto económico en la población más vulnerable. Con esta decisión del Gobierno, se alargan en el tiempo las medidas iniciales y que algunas de ellas estaban a punto de decaer por el inicio de la ‘nueva’ normalidad.

En lo que respecta al alquiler, en el Consejo de Ministros celebrado el 7 de julio, se ha acordado una prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual por la que se podrá solicitar hasta el 30 de septiembre por un periodo de seis meses y con las mismas condiciones estipuladas en el contrato de arrendamiento. Esto significa que los inquilinos que así lo soliciten, y cuyos contratos estén a punto de finalizar, pueden alargarlos hasta el próximo 2021.

Para proteger a los colectivos más vulnerables, el Ejecutivo ha extendido también hasta el 30 de septiembre la posibilidad de solicitar el aplazamiento del pago o la condonación del alquiler de la vivienda habitual a las familias que estén en situación de dificultades económicas. Hay que recordar, que esta medida únicamente afecta a los “grandes tenedores”. Según el Gobierno, estos son tanto los operadores profesionales como particulares que cuenten con diez o más viviendas en alquiler.

Lo que no ha tratado el Gobierno ha sido la extensión de la paralización de los desahucios por impago de las rentas del alquiler. Recordemos que esta medida entró en vigor, por un plazo de seis meses, en uno de los primeros decretos de medidas al inicio de la pandemia del Covid-19. De momento, esta limitación se mantiene hasta el próximo 2 de octubre.

En ASVAL coincidimos en que es necesario proteger a los colectivos vulnerables, y para ello los asociados han ofrecido, incluso antes de la crisis sanitaria, opciones y facilidades para que aquellas personas con dificultades económicas puedan afrontar el pago del alquiler. Estas medidas, se han ido gestionando a lo largo de la crisis sanitaria por parte de los asociados de Asval con sus inquilinos, ofreciendo todo tipo de soluciones ad hoc con las familias más castigadas por el parón económico.

En paralelo a la aplicación de estas medidas, también consideramos que la ampliación de la moratoria de los alquileres no es la solución al problema de accesibilidad al alquiler que tenemos en nuestro país. Prueba de ello es que según nuestros datos en ASVAL, solo un 9% de los inquilinos han solicitado esta moratoria durante la crisis del COVID y los créditos ICO apenas han despertado interés porque los colectivos en situación de vulnerabilidad no quieren endeudarse más para pagar una renta. En cambio, la demanda de las ayudas directas de las CCAA al pago de los alquileres supera con mucho a la oferta. 

Por eso defendemos que a través de los fondos europeos se cree un fondo de más de 700 millones de euros que permitiría que 350.000 familias que destinan actualmente un 48% de sus ingresos al pago de un alquiler, con una ayuda de 2.038 euros anuales reducirían ese esfuerzo al 30%, que es el límite que se recomienda no superar.

Actualmente el alquiler es una de las soluciones para la recuperación económica y es de vital importancia que exista seguridad jurídica que proteja los derechos del propietario y la propiedad privada.