En España, cada día se producen entre 40 y 50 ocupaciones ilegales de vivienda. La alarma social es creciente y, lejos de ponerle freno desde la Administración, se están dando pasos que pueden hacer crecer este fenómeno de forma importante en los próximos meses.

En el último mes, el Ejecutivo ha sacado adelante dos medidas que suponen un claro respaldo a la ocupación ilegal. Primero, aprobó el pasado 22 de diciembre el Real Decreto 37/2020, que permite que una persona sin título habilitante (ocupa) en situación de vulnerabilidad pueda no ser desahuciado de la vivienda de un gran tenedor, persona física o jurídica con más de 10 viviendas. Se trata de una norma que claramente atenta contra el derecho a la propiedad privada, que da amparo a la ocupación y que deja en manos del sector privado la responsabilidad de dar una solución habitacional a los colectivos más vulnerables, como hemos denunciado desde ASVAL.

Apenas tres semanas después y sin previo aviso, el Gobierno incluyó en una disposición adicional de una norma que no tiene nada que ver con la vivienda -el Real Decreto 1/2021 de protección a consumidores vulnerables- donde se amplía aún más esa protección a los ocupas que delinquen, ya que se suspende la paralización del desahucio aún en el caso de que haya delito, limitando la paralización del mismo a los casos en los que haya violencia o intimidación sobre las personas.  

¿Qué consecuencias tendrán estos cambios normativos?

1. Amparo a la ocupación ilegal. En la mayoría de los casos, en las ocupaciones ilegales de viviendas no existe la violencia o la intimidación sobre las personas. Los ocupas, que generalmente forman parte de mafias organizadas que aprovechan cualquier resquicio legal, entran cuando las viviendas están vacías a través de otros métodos, como la compra de llaves que luego venden a familias vulnerables por importantes sumas de dinero. De esta forma, el cambio legislativo protege a estas organizaciones delictivas.

• Efecto llamada. La aprobación de este Real Decreto constituye un ataque directo al derecho a la propiedad privada, lo que sienta un peligroso precedente. Asimismo, este amparo a la ocupación ilegal puede provocar un efecto llamada, empeorando ulteriormente un problema ya de por sí muy grave en España y nos convierte en una anomalía con respecto al resto de Europa, tanto por la penetración de la ocupación ilegal como por su amparo desde el marco legislativo. 

• Inseguridad jurídica La entrada en vigor de un decreto que ampara a los ocupas ilegales y su posterior modificación genera también una gran inseguridad jurídica, tanto para propietarios particulares como para inversores nacionales e internacionales, que puede tener efectos económicos muy negativos en el corto y medio plazo.

• Menor oferta y desequilibrios en el mercado. Por un lado, puede provocar un menor stock de vivienda en el mercado y un endurecimiento de las condiciones por parte de los propietarios, que afectaría, precisamente, a las familias en condición vulnerable, a las que, supuestamente, se pretende favorecer.

• Más litigiosidad. En esta línea, es previsible una oleada de reclamaciones judiciales por responsabilidad patrimonial del Estado. Este aumento de la litigiosidad sería un ulterior elemento negativo para la imagen internacional de España, tanto entre los inversores como entre sus socios europeos.

Estas medidas no servirán para solucionar el problema de acceso a la vivienda en España. Es necesario que nos fijemos en nuestros vecinos europeos, que han apostado por otras vías, como la construcción de un verdadero parque de vivienda en alquiler asequible, vivienda social y una auténtica política social de vivienda.

Como construir ese parque de vivienda en alquiler nos llevará años, desde ASVAL apostamos por apoyar a los colectivos vulnerables con ayudad directas que ascenderían a 700 millones de euros, para que estos colectivos no destinen más de un 30% de sus ingresos al alquiler. Así, protegemos a los inquilinos, pero también a los propietarios, y evitamos los impagos y la ocupación. Todo esto debe ir acompañado de medidas en favor de los propietarios y un marco normativo que de estabilidad y seguridad jurídica al sector privado.

Debemos continuar trabajando en el desarrollo del mercado del alquiler, para atender la fuerte demanda que surgirá por la pérdida de poder adquisitivo provocada por la crisis del Covid. Necesitamos más vivienda en alquiler, no menos, y para ello son necesarias medidas que incentiven la oferta, no que la contraigan.