ASVAL valora positivamente la decisión tomada el 15 de junio de 2021 por el Consejo de Ministros de impugnar la ley de control de precios del alquiler de Cataluña ante el Tribunal Constitucional, al considerar que la regulación vulnera competencias exclusivas del Estado, como se establece claramente en la Constitución Española. Sin embargo, ASVAL lamenta que el Gobierno (i) no aborde en su recurso de inconstitucionalidad la cuestión de fondo, la vulneración del derecho de propiedad, y que (ii) no suspenda esta ley regional, manteniendo un clima de inseguridad jurídica tanto para los propietarios como para los ciudadanos que quieren alquilar una vivienda en esta Comunidad Autónoma.
Este recurso va en línea con el dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña, que ya había alertado antes de la aprobación de esta norma de que la Generalitat de Cataluña no tenía competencia para regular los precios del alquiler. A pesar de este dictamen, el Govern aprobó la regulación, que ha generado un clima de inseguridad jurídica en el mercado del alquiler de Cataluña.
Varias organizaciones nacionales e internacionales como el Banco de España, el Fondo Monetario Internacional y la OCDE se han posicionado en contra de medidas como el control de precios, señalando claramente que obstaculizan el desarrollo de viviendas de alquiler y dificultan aún más el acceso a la vivienda de las familias más vulnerables.
El Tribunal Constitucional ya anuló el Decreto-Ley 17/2019 del Govern de la Generalitat que venía a regular, entre otros aspectos, la oferta de alquileres sociales para ocupantes ilegales. La sentencia ya rechazaba implícitamente cualquier control de precios en el mercado del alquiler, añadiendo que cualquier referencia de precios ha de considerarse meramente informativa, dejando «incólume la libertad de las partes para fijar la renta del arrendamiento».
En otros países europeos ya ha habido decisiones similares. En Alemania, el Tribunal Constitucional también dictó sentencia en abril contra la ley de control de precios en vigor en Berlín. Esta medida, que ha estado en vigor durante más de un año, ha logrado resultados contrarios a los perseguidos: ha reducido la oferta en más de un 40% y elevado los precios de las zonas colindantes con la capital.
La solución es más oferta: ASVAL urge al Gobierno de España a desarrollar un mejor y más amplio parque de vivienda social y asequible en nuestro país, dado que España tiene uno de los parques de vivienda de este tipo más pequeños de Europa.
