La Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (ASVAL) ha presentado al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) 2.000 reclamaciones de pequeños y medianos propietarios solicitando al Estado compensaciones por el daño patrimonial causado por el tope a las subidas del alquiler al 2% en la renovación de los contratos en 2022. 

Esta medida fue aprobada por el Gobierno en marzo de 2022 como una medida temporal en el contexto de la guerra de Ucrania, aunque se ha prorrogado en varias ocasiones. La última de estas extensiones se aprobó el pasado mes de diciembre, y ampliaba su validez hasta el final de este año.

Las reclamaciones presentadas por ASVAL se recogieron desde el mes de noviembre del año pasado hasta el 31 de enero de 2023. ASVAL, que solo actúa como canalizadora para estos pequeños propietarios que están defendiendo sus derechos, prevé que la cifra de reclamaciones se eleve en caso de aprobarse la Ley de Vivienda, que se encuentra en trámite parlamentario. 

La medida limita al 2% la actualización de los precios del alquiler sin establecer compensaciones para los más de dos millones de pequeños propietarios que hay en España. Por el contrario, el Gobierno sí ha fijado subsidios para sectores de mayor tamaño dominados por grandes compañías, como el de los carburantes.

Esta limitación es, además, contraria a lo que establece la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que permite que los alquileres se actualicen con el IPC. Esta actualización ayuda a los pequeños propietarios a proteger su nivel de vida, amortiguar la crisis y completar su salario o su pensión. Además, los propietarios deben asumir gastos derivados de la mejora de sus inmuebles, que continúan su escalada de precios. No obstante, estos propietarios se han mostrado siempre sensibles a la situación de sus inquilinos ante el actual contexto económico, y en algunos casos ya han negociado soluciones.

ASVAL calcula que durante el tiempo que estará en vigor la medida, desde el 2022 y en 2023, cada propietario perderá 2.000 euros de media por vivienda alquilada. “Más del 75% de los propietarios en España son particulares con una o dos viviendas”, destaca María Andreu, directora general de la Asociación. “Con esta reclamación, los pequeños propietarios denunciamos que el Estado carga sobre nosotros el problema de la vivienda en España, que es responsabilidad de la Administración”, explica Andreu. 

El tope del 2% a la revalorización del alquiler es la medida más restrictiva de la Unión Europea. En otros países de nuestro entorno, como Francia y Dinamarca, se han establecido porcentajes menos restrictivos. Este límite, además, genera una gran inseguridad jurídica en el mercado y reduce la inversión en vivienda en alquiler. Esto provoca que los propietarios retiren sus inmuebles del mercado. “Los colectivos más vulnerables, aquellos a los que se dice proteger con estas medidas, son los más perjudicados, ya que una menor oferta dificultará aún más su acceso a una vivienda”, añade Andreu.

Para resolver la falta de vivienda social, ASVAL propone la colaboración público-privada para ampliar el parque de vivienda social y asequible en España. En este sentido, los grandes propietarios han ofrecido la cesión de 25.000 viviendas al Estado durante 25 años, a un precio un 20% por debajo de mercado, para alquiler social a familias vulnerables, incluidas viviendas en situación de ocupación ilegal. “Es una solución ágil y eficaz para la situación de emergencia habitacional que enfrentamos, pero aún estamos a la espera de respuesta por parte de la Administración”, dice María Andreu.