• Un gran número de asociados a ASVAL ve injustificado el tope impuesto por el Gobierno a los contratos de alquiler y que no se establezcan compensaciones para los propietarios, como se ha hecho en otros sectores 

• La asociación entiende las dificultades que la actual coyuntura económica plantea a los inquilinos, pero considera injusto que las medidas inicialmente aprobadas como excepcionales y limitadas en el tiempo se prorroguen

• La mayoría de los propietarios no repercuten la totalidad del incremento del IPC y optan por ajustes más moderados del alquiler

Más de 1.000 propietarios particulares, miembros de la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (ASVAL), está a favor de reclamar compensaciones al Estado por la limitación de subidas del alquiler al 2% impuesta por el Gobierno. Así se desprende de una consulta realizada por la asociación entre sus miembros para conocer su opinión acerca de esta medida. En más del 95% de las respuestas obtenidas, los asociados de ASVAL se posicionan a favor de solicitar compensaciones al Estado.

La limitación al 2% a la subida del alquiler, una medida aprobada en marzo por el Ejecutivo, se ha prorrogado durante seis meses más en el Consejo de Ministros extraordinario celebrado el pasado sábado, en el que se renovaron las medidas económicas encaminadas a limitar los efectos de la inflación. En el real decreto que contenía esta medida se establecía que los propietarios no podrían aumentar el precio del alquiler por encima de la variación anual del Índice de Garantía de Competitividad (IGC). Sin embargo, el último dato del INE para este índice lo sitúa por encima del 4%, y no en el 2% al que lo limita esta herramienta.

ASVAL, que supera los 4.000 asociados (la mayoría particulares), considera injusto que el Gobierno no establezca compensaciones a los propietarios ante este perjuicio económico. “El impacto de estos cambios supondrá una presión financiera para los propietarios independientes. Las empresas de otros sectores, como los proveedores de energía, han recibido ayudas del gobierno para aliviar el impacto de estos cambios; por lo tanto, simplemente pedimos que nuestro sector sea tratado de forma justa y de la misma manera que los demás”, añade María Andreu, directora general de ASVAL. Además, ASVAL se opone a esta medida, que se aprobó inicialmente como una medida limitada a tres meses, y que corre el riesgo de convertirse en una limitación permanente mientras se mantengan las altas tasas de inflación.

Los propietarios, sin embargo, son sensibles a la delicada situación que atraviesan muchos inquilinos, especialmente en el actual contexto económico. De hecho, la mayoría no repercute la totalidad de la subida del IPC, según los datos de ASVAL, y opta por ajustes más moderados del alquiler.

Con esta limitación al incremento de las rentas se produce una transferencia de renta de los propietarios a los inquilinos injustificada, máxime teniendo en cuenta que el 95% de los arrendadores en España son pequeños propietarios que utilizan las rentas para completar sus sueldos y pensiones. Además, todos los propietarios también están sufriendo los rigores de la inflación en su actividad inmobiliaria, un efecto que no están pudiendo trasladar a los precios, pese a que la Ley de Arrendamientos Urbanos que rige los contratos de este mercado contempla esta posibilidad. También están haciendo frente a un incremento de los costes vinculados a la propiedad de sus viviendas, por lo que no es justo que no pueda ser trasladado en parte al precio del alquiler.

La asociación insiste en que esta limitación, al igual que otras medidas como el Proyecto de Ley de Vivienda o la ley catalana que ampara la ocupación ilegal, trasladan a los propietarios la responsabilidad de las Administraciones Públicas de atender el problema social de la vivienda, sin recibir ningún tipo de compensación por ello.

Es este hecho, con los propietarios afrontando una situación delicada en un difícil contexto económico, el que ha impulsado a ASVAL a estudiar acciones legales para reclamar compensaciones al Estado por esta intervención inasumible en las rentas. La asociación tomará una decisión próximamente.  A esta se podrán adherir, además de los más de 4.000 asociados de ASVAL, cualquier propietario de vivienda en alquiler en España 

Además, esta medida limitará aún más el número de viviendas disponibles en alquiler, ya que muchos propietarios preferirán dejar sus inmuebles vacíos o venderlos. Asimismo, los propietarios estarán menos dispuestos y capacitados para llevar a cabo las obras necesarias -incluso para mejorar la eficiencia energética y la renovación- en las viviendas que alquilan.

En este sentido, desde ASVAL consideramos que la creciente inseguridad jurídica en el mercado del alquiler va a seguir produciendo una reducción de la oferta de vivienda. Esta reducción de oferta, que agrava el problema de acceso a la vivienda, será aún mayor en el contexto actual. El empeoramiento de las condiciones de la financiación para la compra de vivienda provocará un incremento de la demanda de vivienda en alquiler. Sin embargo, medidas como esta limitación reducen la puesta en el mercado de pisos en alquiler, haciendo imposible el acceso a la vivienda a los colectivos vulnerables, a aquellos que se pretende proteger.