El presidente del Gobierno ha anunciado hoy la renovación de las medidas anticrisis, aprobadas el pasado 28 de marzo en Consejo de Ministros, y entre las que se encuentra la limitación de las subidas del alquiler al 2% ante la elevada inflación.

Desde ASVAL, consideramos que no es aceptable que se prorrogue esta medida, que se aprobó únicamente como una herramienta excepcional y acotada en el tiempo. 

Esta medida, que afecta a más de dos millones de españoles, que son propietarios de vivienda en alquiler, y que necesitan de esta renta para complementar sus ingresos o su pensión.

Esta limitación carga sobre los propietarios, que también están sufriendo la escalada de la inflación, el problema social de la vivienda, sin recibir ningún tipo de compensación. Esta limitación sitúa al mercado en una situación delicada, que desincentiva la inversión en alquiler y que derivará la oferta al sector de la venta.

Con esta medida se produce una transferencia de renta de los propietarios a los inquilinos injustificada, máxime teniendo en cuenta que el 95% de los arrendadores en España son pequeños propietarios.

Se trata de una norma que, al igual que el Proyecto de Ley de Vivienda o que la ley que ampara la ocupación ilegal en Cataluña, se limita a trasladar el problema de la vivienda a los propietarios privados para que lo solucionen, cuando es responsabilidad de las Administraciones Públicas. Así, están vaciando de contenido el derecho de propiedad privada, consagrado en el artículo 33 de la Constitución Española.

Asimismo, consideramos injusto que se establezcan subvenciones o ayudas para otros sectores, como el de los carburantes o el energético, cuando se tratan de empresas grandes, y no se incluya ningún tipo de compensación para el mercado del alquiler, en manos principalmente de propietarios particulares.

Desde ASVAL, con más de 4.000 asociados (un 95% de ellos, propietarios particulares), estamos estudiando medidas legales, a las que podrán sumarse cualquier propietario de viviendas en alquiler en España, para reclamar compensaciones al Estado por el perjuicio causado por la intervención inasumible en las rentas.